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Manuel Jurado

EL CONTEXTO JURÍDICO Y SOCIAL DE LAS NUEVAS LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y RÉGIMEN DEL SECTOR PÚBLICO

Acaban de entrar en vigor las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Huelga detenerse en la importancia que estas normas, al igual que su antecesora, tendrá en nuestro Ordenamiento jurídico.

Y es que, precisamente, el Legislador lo primero que ha hecho es separar la regulación de procedimiento administrativo y del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Así, nuestra importante Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha sido sustituida por dos nuevas disposiciones. Este es, quizá, el cambio más significativo -aunque no el más importante, claro- de la nueva regulación.

 Así, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tendrá por objeto, y parafraseando a la misma, “las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa”; por su parte, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrá por objeto la organización y el funcionamiento interno de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas.

Estas dos leyes nacen en un contexto amplio de reforma legislativa, y que no comprende en exclusiva, desde luego, las materias afectadas por estas normas. Pero lo cierto es que responden al propósito de avanzar y mejorar el funcionamiento y la organización de la Administración Pública, lo que afecta directa y trascendentalmente a los españoles como administrados que son. Tan es así, que uno de los propósitos del Legislador con estas leyes -el más cacareado, al menos- es conseguir un funcionamiento íntegramente digital o informático en la Administración. Desde luego que el objetivo no estará exento de dificultades.

En cualquier caso, no debe perderse de vista, como objetivo, que la racionalización de los medios de la Administración Pública es uno de ellos. Muy reciente está la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, y no hay más que oír a nuestros agentes y analistas políticos para ver que el gasto público y su control es una necesidad acuciante.

De todos modos, el tiempo dirá el tino del Legislador con estas leyes, cuyo paladín no deja de ser la rimbombante intención de meter de lleno a la Administración en los avances tecnológicos de nuestro tiempo. Con todo, me da que otras novedades de la mismas serán, en todo caso, más importantes para el administrado.

 

Manuel Jurado
Autor: Manuel Jurado

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