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EL TRIBUNAL SUPREMO INDICA QUE EL ARRENDADOR NO ESTÁ OBLIGADO A COMUNICAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Octubre de 2.015 subraya que “El legislador no obliga al arrendador al que se constituya en asesor del arrendatario, sino tan sólo a que le requiera el pago”. De este modo se reafirma en que el arrendador no está obligado a comunicar al arrendatario que va a resolver el contrato de alquiler, ni tampoco está obligado a informar sobre que no se desistirá de la acción de desahucio si no se paga en el plazo preceptivo.

El Magistrado ponente de la Sentencia recuerda que la Ley establece que la comunicación ha de contener un requerimiento de pago de renta o cantidad asimilada (suministros, IBI…), debiendo ser esta comunicación fehaciente, es decir, se debe realizar a través de cualquier medio que permita acreditar que llegó a conocimiento del arrendatario el referido impago y el consecuente requerimiento de pago, pero el asunto se centra en saber si el requerimiento de pago por parte del arrendatario debía contener un apercibimiento de desahucio o de resolución contractual en caso de impago.

Pues bien, la referida Sentencia destaca que para que lo anterior opere, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la comunicación fehaciente ha de referirse a las rentas impagadas, debiendo haber transcurrido el plazo legalmente previsto, el cual ha venido fluctuando entre uno y dos meses en las sucesivas reformas legales. Así mismo, se exige también que el arrendatario no haya puesto a disposición del arrendador la cantidad debidamente reclamada. Ello quiere decir, que si se cumplen los requisitos exigidos por la Ley, consistentes en que se haya realizado debidamente la notificación fehaciente del impago de las rentas o cantidades asimiladas por parte del arrendador al arrendatario, con el mes de antelación a la interposición de la demanda de desahucio, sin que el arrendatario haya puesto a disposición del arrendador las cantidades debidas, el propio requerimiento por impago ya acarrea efectos resolutorios sin necesidad de que el arrendador comunique expresamente al arrendatario la resolución del contrato de arrendamiento que les vincula.

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