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Manuel Jurado

La importancia de la contrapericia en los procedimientos por delitos socioeconómicos

La configuración de los delitos socioeconómicos y la práctica forense ponen de manifiesto la importancia que, en la investigación y en el juicio por delitos de aquella naturaleza, tienen las periciales respondiendo a los informes, por ejemplo, de Hacienda y de la Seguridad Social.

Estos delitos suelen investigarse por nuestros Juzgados y Tribunales tras una denuncia o querella de la Fiscalía o, en su caso, tras atestado policial, con base en diferentes informes efectuado por los actuarios. Pues bien, estos informes, aunque provengan de organismos públicos, tendrán su oportuno valor de denuncia o servirán para que se efectúe la misma, pero no puede dárseles más valor que ése. Pensar lo contrario lleva a caer en un criterio de injusta prejudicialidad. Dichos informes pueden y deben ser contestados de contrario con la misma contundencia que cualquier otra denuncia o acusación.Evidentemente, en estos casos adquieren especial importancia los informes periciales que demuestren la falta de veracidad o errores de los informes que sostengan la perpetración del delito que se investigue. Esto pone de relieve dos aspectos fundamentales que, en ocasiones, no son tenidos en cuenta a la hora de afrontar la defensa de los investigados por estos delitos. Por un lado, el que estas infracciones requieren un conocimiento económico específico que, muchas veces, es complicado aplicar al asunto en cuestión; y, por otro lado, que hay que buscar especialistas para tratar la práctica de un informe.

Con todo, en ocasiones, debe advertirse que no posible la práctica de una pericia de dicha índole, pues en el mundo del Derecho no existen las mismas soluciones para situaciones aparentemente iguales. Es decir, no existen las verdades tautológicas. Habrá que estar al caso concreto para ver la viabilidad de la contrapericia.

En todo caso, con esas pericias se pretenden dos cosas fundamentales en la tramitación del procedimiento y su posible juicio: en primer lugar, y por supuesto, demostrarse que los actuarios no llevan razón en sus informes y, por tanto, en sus operaciones, alegaciones y acusaciones; y en segundo lugar, desmontar las presunciones y asunciones en que los informes hayan podido haber incurrido, que es fundamental atacarlas, ya que de no hacerse podrían tener importantes consecuencias en la forma en que el instructor y el juzgador basen sus juicios.

Por tanto, el componente económico de estos delitos implica que en la investigación de los mismos y en la práctica de la prueba en el juicio correspondiente, debe tenerse en cuenta la posible práctica de una pericial, contrapericia en realidad, que desmonte los informes de los actuarios. En caso de que dicho informe sea procedente, desde luego que se tendrá una importante arma para la defensa de los derechos del investigado.

Manuel Jurado
Autor: Manuel Jurado

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