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LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Y SU REPERCUSIÓN PARA LAS EMPRESAS

La entrada en vigor de la reforma del Código Penal, ha sembrado inquietudes para las empresas de mayor tamaño así como para las pymes, ya que tanto unas como otras serán penalmente responsables en caso de que se hayan cometido delitos “en su nombre o por cuenta de estas”.

La responsabilidad en cualquier caso puede recaer en los representantes legales de las empresas (consejeros, apoderados o administradores), así como directamente en quienes actúen como integrantes de un órgano que siempre pueda tomar decisiones o en actúe de forma individual.

Lo que se pretende con la reforma, es endurecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que la anterior reforma del Código Penal del año 2.010 daba pie a muchas interpretaciones, obligando la nueva Ley a las empresas a la creación de sistemas de prevención de delitos que las puedan eximir de responsabilidad, ya que, de no disponer de este sistema de prevención, no existirá eximente alguna para que se determine su impunidad.

Por tanto, ya no basta con que las empresas vigilen el comportamiento de sus directivos de una forma pasiva, sino que se impone la obligación real de crear comités de prevención de delitos que tengan carácter permanente, siendo este deber de diligencia el que, en cualquier caso, pueda eximir a la empresa de la sanción.

La Ley prevé un total de treinta delitos que pueden acabar en la propia liquidación de la compañía que no ponga los mecanismos necesarios en evitación del posible fraude. No podemos olvidar que el inventario de delitos que recoge la Ley no todos ellos son aplicables en su integridad a las personas jurídicas, es más, la responsabilidad de la persona jurídica no excluye de responsabilidad a la persona física.

Es importante referir que la nueva reforma se centra también en la casuística de las pequeñas y medianas empresas por su reducido tamaño, estableciéndose que, en este tipo de empresas, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el propio órgano de administración. Pero, ¿qué entiende la Ley por persona jurídica de pequeñas dimensiones?, pues aquellas empresas que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Respecto de la individualización de la culpa a la que refiere la Ley, hay que decir que los propios empleados, podrían ser también imputados por haber podido incumplir gravemente su deber de controlar la actividad de la empresa, previendo la norma incluso declarar la responsabilidad penal a la persona jurídica, con independencia de que se pueda individualizar o no la responsabilidad penal de la persona física, es decir, aunque los Jueces no puedan identificar al responsable del delito, la compañía no saldría impune, sino que pagaría por el presunto fraude cometido.
Por último, las sanciones que se impongan dependerán de la gradación de la pena, yendo desde la inhabilitación para obtener subvenciones públicas o poder contratar, a multas económicas, suspensión de actividades, cierre de establecimientos así como la disolución de la propia compañía.

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