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Nazaret Navarro Maraver

Los préstamos participativos como alternativa para reequilibrar el patrimonio neto y no incurrir en causa legal de disolución

En virtud del artículo 363.1.e. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Vigente hasta el 17 de Junio de 2016), “La sociedad de capital deberá disolverse: Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”. Bajo este supuesto, serán los administradores de la entidad los que tengan que realizar las actuaciones tendentes a restablecer el equilibrio bajo pena de responder de las deudas sociales  que se generen con posterioridad a la causa de disolución.

Ante esta situación son muchas las empresas que optan por el préstamo participativo como medida de financiación alternativa a la aportación social, que afecta a la integración patrimonial de la prestataria, e impide la disolución o  en su caso reducción de capital por pérdidas.

Este instrumento financiero es considerado como una herramienta intermedia entre el tradicional préstamo y la inversión de riesgo, y no precisa de  garantía o aval, basta con elaborar un plan de negocio viable y de calidad.

De este modo, se consigue un tratamiento tributario más beneficioso de la concesión y retribución del mismo, que en el caso de la aportación.  Además permite a la entidad una mayor facilidad para su recuperación.

Estos préstamos están regulados en el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, y por la Ley 10/1996 de 18 de diciembre de Medidas Fiscales Urgentes, cuyas características se encuentran desarrolladas en el referido artículo 20 del citado texto legal, que a continuación se enumeran:

a) La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. El criterio para determinar dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro que libremente acuerden las partes contratantes. Además, podrán acordar un interés fijo con independencia de la evolución de la actividad.

  1. b) Las partes contratantes podrán acordar una cláusula penalizadora para el caso de amortización anticipada. En todo caso, el prestatario sólo podrá amortizar anticipadamente el préstamo participativo si dicha amortización se compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la actualización de activos.
  2. c) Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes.
  3. d) Los préstamos participativos se considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil.”

Por tanto, el préstamo participativo se convierte en una buena solución para elevar el patrimonio neto, al estar exento de pago de impuestos, y no exigir un gran desembolso de gastos notariales y registrales, y en consecuencia es una figura que permite de forma eficaz conseguir reequilibrar el patrimonio de la entidad.

Nazaret Navarro Maraver

Economista especializada en Derecho Tributario. Máster en Asesoría fiscal por el Instituto de Estudios Cajasol.

Nazaret Navarro Maraver
Autor: Nazaret Navarro Maraver Economista especializada en Derecho Tributario. Máster en Asesoría fiscal por el Instituto de Estudios Cajasol.

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